La Reforma del Estado

La Reforma del Estado: asignatura no cumplida en el periodo foxista.
Baja productividad y efectividad del Congreso mexicano.
Queda el reto de seguir la lucha por la transformación democrática del Estado Mexicano.


Eduardo M. Gutiérrez.
A pesar de los múltiples estudios, foros, conferencias que se organizaron y de las cientos de iniciativas que se elaboraron y presentaron en la tribuna parlamentaria, el avance de la Reforma del Estado es absolutamente magro. Con el agravante de que los decretos de reforma aprobados son inconexos y en ocasiones representan retrocesos en cuanto al método y la aspiración para la construcción de un régimen cabalmente democrático para México.

Sin ir más lejos, la aprobación de la llamada “Ley Televisa” y la Reforma Electoral restrictiva para las nuevas formaciones políticas son un claro ejemplo de los retrocesos. Queda todavía un cúmulo de reformas urgentes que no se aprobaron a pesar de contar con un aparente consenso general. Tal es el caso de una Reforma Electoral más profunda que restringiera el gasto y los tiempos de campaña, que normara las precampañas, que aumentara las facultades del Instituto Federal Electoral; otro ejemplo de ello es la no aprobación de la figura del jefe de gabinete, a pesar de que políticos, académicos, periodistas, empresarios, y hasta el clero se manifestó a favor; otro ejemplo más fue la incapacidad de reformar el congreso ya que entre otras cosas, no hay todavía previsión legal y reglamentaria para poder hacer coaliciones legislativas estables que ayuden a la gobernabilidad del país, no se lograron aumentar las capacidades investigativas de las comisiones legislativas y sigue sin abatirse el monstruoso rezago legislativo que conforma la ya legendaria congeladora legislativa, y el colmo, a pesar del gran consenso que existe en torno al tema, el formato del informe presidencial no se modificó en lo absoluto.

Sin embargo, es importante dar cuenta puntual de lo que se ha logrado avanzar, aunque de este avance resalten pocas cosas. Ahí está por ejemplo, la ampliación del segundo periodo legislativo, el mandato para construir una agenda legislativa común, se logró adelantar la fecha de presentación del paquete económico y por tanto se amplió el periodo para el análisis de la propuesta del Ejecutivo de Ley de Ingreso, del presupuesto de egresos de la federación y de la miscelánea fiscal. También se crearon centros de investigación especializados en la Cámara de Diputados para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

Se le confirió finalmente la autonomía al INEGI; se pudo crear como órgano autónomo la agencia de noticias del Estado; se creo el IFAI, que a pesar del uso restrictivo que le ha dado el gobierno, la Ley de Transparencia y acceso a la información que le da vida, es sin duda la joya de la corona de este periodo por su implicación y su alcance potencial a futuro; finalmente se instrumentó –con limitaciones- el voto de los mexicanos en el exterior; también se aprobaron disposiciones financieras importantes.

Pero sin duda, lo más inquietante, es observar el cúmulo de reformas pendientes y urgentes. Hay que reformar el Estado mexicano, lo que implica la construcción de un nuevo régimen político. Es decir, hay que en colocar el tema de nueva constitucionalidad en el debate nacional, insistir en conferirle características parlamentarias a nuestro sistema político, lo que implica la posibilidad de instaurar la figura de Jefe de Gabinete, modificar el formato del informe presidencial, incrementar las relaciones entre los poderes, que el congreso ratifique a los secretarios de despacho, sentar las bases para la construcción de coaliciones legislativas estables que respalden al ejecutivo con una mayoría sobre un programa y compromisos específicos; reformar al congreso, aumentar las facultades de las comisiones, acabar con el rezago legislativo, aprobar una reforma electoral que acote el gasto, que reduzca los tiempos de campaña, que construya un calendario electoral concurrente para el mismo mes de cada año. Hacer de los ejes de la política exterior una política de Estado.

Está pendiente también la creación de un tribunal constitucional que dirima las controversias entre poderes, la autonomía del ministerio público, la autonomía plena al IFAI, la creación de una procuraduría del medio ambiente, profundizar la reforma política del Distrito Federal, impulsar una reforma hacendaria, que fortalezca el federalismo, profundizar los derechos de los pueblos indígenas.

También se deben promover las políticas sustentables como políticas de Estado, profundizar la reforma social del Estado, garantizar la visión de género, garantizar las pensiones para los jubilados, universalizar los servicios educativos, invertir mas en ciencia y tecnología, ampliar el compromiso del Estado con la cultura, impulsar la educación cívica para la construcción de una ciudadanía que trascienda al ámbito electoral y comprometer a todos los ámbitos del gobierno y la sociedad en una cruzada contra la inseguridad.

La baja productividad y efectividad del Congreso mexicano, se expresa con claridad en las siguientes cifras. En dos legislaturas, se presentaron poco más de 6000 iniciativas, de las cuales, sólo el 12% están dentro de la clasificación de los temas para la reforma del Estado, y de este universo de más de 700 iniciativas presentadas con estos temas, se promulgaron 76 nuevas leyes y decretos, es decir, un 10% aproximadamente, lo que equivale a poco más de 1% del total de las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión durante este sexenio, es decir, casi nada.

Queda pues el reto de seguir la lucha por la transformación democrática del Estado Mexicano y de mantener estos espacios de deliberación y elaboración y ahora emprender el esfuerzo para que estas comisiones especiales se pudieran transformar en comisiones ordinarias, es decir, con capacidad de dictaminar las iniciativas, para así tratar de avanzar con mayor fuerza y con mayor celeridad la agenda pendiente para la Reforma del Estado desde el Congreso de la Unión.